Acuerdo 9.5/CG 20-12-21, por el que se aprueba la programación de contratos necesarios para la puesta en marcha en 2022 de proyectos en el ámbito de la Digitalización, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Acuerdo 9.5/CG 20-12-21, por el que se conviene, por asentimiento, aprobar la programación de contratos necesarios para la puesta en marcha en 2022 de proyectos en el ámbito de la Digitalización, dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en los términos del documento que se anexa.

ANEXO

Programación de contratos necesarios para la puesta en marcha en 2022 de proyectos en el ámbito de la

Digitalización dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia

Introducción

La Comisión Europea presentó a finales de mayo de 2020 un paquete de medidas de gran alcance –un Plan de Recuperación– que aunaba el futuro marco financiero plurianual (MFP) y medidas específicas y temporales de recuperación en el denominado «Next Generation EU».

Con este Plan, la Comisión apuesta por la inversión, tanto pública como privada para remediar los daños de la pandemia a través de dos elementos fundamentales que sumarán previsiblemente 1,8 billones de euros según la información actual:

- El Instrumento de Recuperación (temporal) Next Generation EU, por valor de 750.000 millones de euros, financiado a través de deuda emitida en los mercados financieros; y

- Un marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 remodelado y reforzado, a través de los instrumentos ya existentes, junto con la creación de nuevas medidas y programas, incluyendo el mecanismo «Next Generation EU».

En este esquema, es fundamental el papel del Instrumento temporal, y dentro del mismo, el denominado “Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia” cuyo objetivo es el “apoyo financiero a gran escala a las inversiones y reformas –también en el campo de las transiciones ecológica y digital– que hagan más resilientes las economías y las preparen mejor para afrontar el futuro con más fortaleza y adecuación a los nuevos escenarios que deban abordarse. Esto ayudará a los Estados miembros a afrontar unos retos que tras la crisis serán aún más críticos. Pero, sobre todo, garantizará que las inversiones y reformas se centren en los desafíos y las necesidades de inversión relacionados con las transiciones ecológica y digital, garantizando así una recuperación sostenible. De este modo, el Mecanismo contrarrestará la posible tendencia, finalizada la crisis, a postergar la inversión a largo plazo en la transformación ecológica y digital de nuestras economías”.

De este modo, el Plan sitúa en el centro de la futura estrategia de política económica, cuatro transformaciones fundamentales: (i) la transición ecológica, (ii) la transformación digital, (iii) la igualdad de género y (iv) la cohesión social y territorial.

A su vez, se identifican las diez “políticas palanca” de reformas estructurales para propiciar un crecimiento sostenible e inclusivo:

POLÍTICAS PALANCA

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

3. Transición energética justa e inclusiva.

4. Una administración para el siglo XXI.

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del sistema nacional de salud.

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

En dicha presentación, se adelantaba que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021) se incluirían 27.000 millones de euros de cara al avance en el plan y también se esbozaban futuras medidas normativas para facilitar una mayor colaboración público-privada, así como otras reformas para agilizar procedimientos y reducir cargas administrativas.

En paralelo, las Conclusiones del Consejo sobre Inversión pública a través de la contratación pública: recuperación sostenible y reactivación de una economía de la UE resiliente 2020/C 412 I/01 (DOUE de 30/11/2020) destacaban el importante papel de la inversión pública para la recuperación, señalando que una parte considerable de la inversión pública se realiza a través de la contratación pública (que antes de la COVID-19 representaba en torno al 14 % del PIB de la UE).

Por ese y por otros motivos, en estas conclusiones se insta a los Estados miembros, a efectos de aprovechar las oportunidades que ofrecen los marcos nacionales y europeos pertinentes para garantizar que la contratación pública sea rápida y eficiente, a que inviertan más en la cualificación y en la profesionalización de los compradores públicos y refuercen su capacidad para abordar prioridades estratégicas, en particular para el apoyo a las pymes y las prioridades ecológicas y digitales. Todo ello haciendo hincapié en la necesidad de garantizar los principios de transparencia, igualdad de trato, competencia leal e integridad en el citado marco contractual.

El RDL 36/2020, de 30 de diciembre, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, es una norma que cuenta con un doble objetivo.

El primero y principal, de dimensión europea, consiste en generar las estructuras y los medios necesarios para la gestión de los aproximadamente 140.000 millones de euros que se prevé recibir en los próximos años, en especial los que provienen del Instrumento Europeo de Recuperación.

El segundo objetivo (accesorio o instrumental) es de dimensión nacional, de forma que “incorpora una serie de instrumentos de carácter general dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las administraciones públicas”. Este segundo conjunto de medidas, que podrían incidir puntualmente en algunas garantías de nuestro Derecho administrativo, tienen justificación en tanto que permitirán “una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los mencionados fondos” (artículo 1.3).

También tiene importancia señalar que mediante el RDL 36/2020, de forma adicional, se modifica un conjunto importante de normas que configuran el sector público nacional a través de sus disposiciones finales. Asimismo, introduce una serie de medidas en materia contractual, de aplicación exclusiva y puntual en la gestión de los Fondos europeos.

La norma, por tanto, es ambiciosa y compleja, introduciendo modificaciones de carácter temporal y/o definitivo, tal y como se ha indicado, en numerosas normas.

Hasta la fecha, el desarrollo reglamentario que se ha producido se ha centrado (en lo básico) en estructuras organizativas, en materia de ayudas y convocatorias de subvenciones, así como en acuerdos puntuales del Consejo de Ministros sobre distribuciones de crédito a las Comunidades autónomas, pero se hacen precisos desarrollos de fondo que permitan el avance de los proyectos susceptibles de financiación y aclaren algunos aspectos regulados.

Por este motivo, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación ha generado una Guía denominada “Guía Básica plan de recuperación, transformación y resiliencia” que será objeto de actualización en la medida en que sean aprobadas normas de desarrollo o información relevante sobre esta materia.

En este documento enmarcada en las medidas de ámbito general se dice en el epígrafe “Digitalización”: “También se posibilita la difusión de toda aquella actividad vinculada al Plan en materia de contratación pública con carácter previo al inicio de los procedimientos, es decir, se sugiere la posibilidad de publicación de anuncios de información previa. Asimismo, se obliga a los departamentos ministeriales y organismos encargados de la gestión de proyectos, a la aprobación de un documento de “carácter anual con la programación de los contratos necesarios para la puesta en marcha” del Plan. Dicho de otro modo, se incide en la necesidad de difundir la programación específica al respecto, con independencia de las obligaciones que establece el artículo 28.4 de la LCSP.”

Plan UniDigital

El Ministerio de Universidades ha definido diversas reformas e inversiones para ejecutar el citado Instrumento Europeo de Recuperación, plasmadas en el componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio. El Componente 21 del Plan se denomina «Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana 0 a 3 años», y por lo que a las inversiones se refiere, persigue, por un lado, la recualificación del sistema universitario español y, por otro, su modernización y digitalización.

Con el fin de permitir la ejecución del componente 21 del citado Plan de Recuperación se ha aprobado el real decreto 641/2021, de 27 de julio, que ha efectuado una convocatoria de concesión directa de subvenciones a universidades públicas españolas para la modernización y digitalización del sistema universitario español, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En fecha 7 de septiembre de 2021 se ha publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) la Orden de concesión de las subvenciones previstas, que suponen un importe total de 78,85 millones de euros, distribuidos en el período 2021-2022, siendo adjudicatarias las Universidades públicas españolas.

Las Universidades públicas beneficiarias destinarán las subvenciones otorgadas mediante la Orden de concesión a ejecutar proyectos que se enmarquen en las líneas de actuación establecidas en el anexo II del real decreto 641/2021 y en el anexo I de la Orden de concesión. Los proyectos de modernización y digitalización se ejecutarán, bien por la propia Universidad beneficiaria, bien mediante proyectos interuniversitarios en modalidad colaborativa. El plan de digitalización se denomina “UniDigital” por el Ministerio de Universidades.

La Universidad de Sevilla es beneficiaria en dicho real decreto con 3.375.106,90€ en el año 2021 y 572.792,10€ en el año 2022. El plazo total de ejecución de las actuaciones subvencionables objeto del real decreto será el comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.

La Universidad de Sevilla participa en los siguientes proyectos interuniversitarios:

Nombre del Proyecto Universidad(es) Coordinadora(s)

InterAE Universidad de Sevilla y Universidad de Cádiz

ConSeg Universidad de Sevilla

DigCompEdu Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Murcia y Universidad de Sevilla

DigitAll Universidad de Castilla la Mancha

OpenGnsys Universidad de Málaga

ProtDat Universidad de Valencia

Programación de contratos necesarios para la puesta en marcha en 2022.

Proyecto InterAE

El objetivo del proyecto “Mejora de la interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica” con siglas InterAE es alcanzar un grado de madurez sólido y homogéneo en Administración Electrónica en el Sistema Público Universitario. Propiciaremos la interoperabilidad entre universidades y mejoraremos el funcionamiento de forma colaborativa con compartición de diseño e implementación de procedimientos electrónicos, con el valor añadido de compartir todos estos desarrollos de interoperabilidad, diseño e implantación.

El reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos de 31 de marzo de 2021 propugna el uso compartido de tecnologías con reutilización de sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas y la adhesión a los servicios electrónicos de la Administración General del Estado.

El proyecto pretende garantizar que todas las universidades participantes dispongan de los siguientes elementos imprescindibles para conectar entre ellas y con otros sistemas externos:

  • Sistema Interconectado de Registros.
  • Autenticación del interesado con cl@ve.
  • Sistema centralizado de representación y apoderamiento.
  • Notificaciones fehacientes al interesado en carpeta ciudadana, Notifica y/o sede.
  • Nodo de intercambio de datos con otras Universidades y otras administraciones públicas (NISUE/SCSP).

Para ello se generarán desarrollos que alcancen estos objetivos con la realidad de cada una de las universidades participantes, mediante una plataforma de gestión de procedimientos basada en software libre y compartido con el resto del Sistema público universitario. Los conectores con aplicativos propios (ERP’s) y con los servicios electrónicos de la AGE quedarán así mismo a disposición del resto de Universidades no participantes, preferentemente ubicadas en un repositorio establecido al efecto en RedIris.

En este mismo sentido, se procederá a la potenciación de las capacidades del Nodo de Interoperabilidad del Sistema Universitario Español (NISUE) y del SCSP (sistema de intercambio de datos entre AAPP), aportando las capas de integración e interoperabilidad necesaria para explotar de forma óptima dicha infraestructura, posibilitando la máxima integración y facilidad en el intercambio de información, atributos y metadatos entre universidades, en su ámbito de actuación, además de facilitar a las universidades el cumplimiento del ENI. El esfuerzo tecnológico repetitivo por cada universidad quedará drásticamente reducido.

En este proyecto, proponemos dar un paso importante en este sentido pensando en el interés general de las universidades públicas: desarrollando un catálogo amplio y abierto de procedimientos documentados comunes que sean implantables en las universidades.

Distribuiremos una primera fase de catalogación, a continuación, una segunda fase de descripción general mediante un modelado de los procedimientos basado en estándares de software libre y aprovechable por cualquier Universidad sea o no partícipe. Por último, una implantación que tenga en cuenta las especificidades de cada universidad. El resultado esperado es que las universidades puedan aprovechar la implantación de procedimientos comunes independiente de los ERPs mediante capas de interoperabilidad que aseguren la reutilización de estos procedimientos.

Además de todo ello, se apostará por una mejora de la experiencia del estudiantado en la relación digital con su universidad, por lo que se hará necesario enfocar los desarrollos en dicho sentido, mejorando las interfaces y los canales de comunicación de las herramientas de acceso de los usuarios. 

Por último, se promoverá la adecuación del software a las necesidades que las universidades demandan en el terreno del Expediente y Archivo electrónico, tanto de oficina como definitivo, que será redefinido, mejorado y orientado al sistema universitario en sus funciones, conexiones, interfaces y metadatos propios. 

Aprovechando el paradigma del documento electrónico “ubicuo”, soportará todo el ciclo de vida del expediente. El desarrollo de un catálogo de APIs de integración, permitirá la comunicación entre diferentes sistemas. Incluirá la parametrización de un cuadro de clasificación funcional. Se podrían integrar igualmente, plataformas de software libre especializadas en este ámbito, como pueden ser las ofrecidas por la AGE.

Para todo ello, es necesario una plataforma base de gestión de tramitación de reconocida estabilidad y basada en software libre, que los distintos socios deberán implantar en sus respectivas universidades para poder conectar los elementos concebidos en el ámbito del proyecto. En el caso de las participantes que no dispongan del conocimiento o los medios propios suficientes para dicha instalación se incluirán dichos servicios como medio indispensable para la consecución de los objetivos del proyecto.

Para la consecución del proyecto InterAE la Universidad de Sevilla, al no disponer de medios propios para la instalación de las herramientas necesarias de gestión contratará dichos servicios en el año 2022.

Proyecto ConSeg

El proyecto interuniversitario colaborativo, denominado “Campañas de concienciación en seguridad (ConSeg)”, coordinado por la Universidad de Sevilla se incluye en la Línea 3 del anexo II del real decreto 641/2021, sobre contenidos y programas de formación, programas de certificación y formación en competencias digitales que permitan a los distintos colectivos (PDI, PAS, estudiantes, investigadores y ciudadanía en general) mejorar su nivel de competencia digital y acreditar las competencias digitales.

El objetivo del proyecto es el desarrollo de una plataforma Web para la ejecución de campañas automáticas de concienciación en Seguridad de la Información en universidades. Los requisitos funcionales de la plataforma, de manera resumida son:

1. Posibilidad de personalizar las plantillas de la aplicación y cursos para adecuar la herramienta a la imagen corporativa de la universidad.

2. Idioma configurable tanto en la instalación como en la generación de las campañas y los cursos: como mínimo castellano, lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego) e inglés (para erasmus).

3. Acceso de administración para configuración de campañas.

4. Acceso de usuarios para realizar la formación y para seguimiento del histórico de su formación personal en ciberseguridad.

5. Planificación de campañas por perfil de usuario.

6. Lanzamiento de campañas.

7. Simulación de ataques actuales de ingeniería social.

8. Formación personalizada.

9.Análisis de resultados.

10. Mediciones de nivel de madurez.

La Universidad de Sevilla gestionará los fondos necesarios y contratará el servicio de dicha plataforma con los requisitos enunciados en el año 2022.

Los materiales de formación y evaluación serán revisados, antes de su puesta en producción, por los responsables de seguridad de información de las universidades participantes.

Una vez construida la solución, se entregará la herramienta con manuales de instalación, configuración y uso, de manera que pueda ser usado por todas las universidades españolas. En el caso de ser instalada en la infraestructura de RedIris, la plataforma será directamente utilizable por las universidades sin necesidad de instalación.

Proyecto DigCompEdu-Formación y Certificación

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de elementos de formación para mejorar las competencias digitales del profesorado universitario, a partir de los resultados de la encuesta DigCompEdu.

El proyecto se estructurará en las siguientes tareas e hitos:

1. Planificación y coordinación de las competencias que serán cubiertas por las universidades participantes. Las universidades coordinadoras garantizarán que todas las competencias quedan cubiertas.

HITO 1: Plan de desarrollo de elementos formativos distribuidos.

2. Desarrollo de elementos formativos (01/22-07/22).

3. Diseño de los mecanismos de certificación de las competencias adquiridas (01/22-10/22).

4. Desarrollo de la plataforma que centralizará la oferta formativa (01/22-07/22).

HITO 2: Puesta en marcha del portal de formación en competencias digitales.

5. Liberación de los cursos y puesta a disposición de los docentes universitarios (09/22-07/23).

6. Certificación de las competencias adquiridas (11/22-10/23).

7. Evaluación de las competencias digitales mediante una nueva encuesta (09/23-12/23).

HITO 3: Resultados de la encuesta.

El proyecto estará coordinado por las mismas universidades que vienen coordinando el proyecto de CRUE desde 2017: Alcalá, Murcia y Sevilla como universidades públicas, a las que se suman la Fundación de la U. de La Rioja, y Universidad Nebrija. Adicionalmente, se identificará un coordinador del proyecto por cada universidad participante, y se mantendrán reuniones periódicas de coordinación, seguimiento y mejora de los elementos formativos.

Por la propia concepción del proyecto, en el que los cursos de formación desarrollados se ponen a disposición de todo el profesorado del sistema universitario español de manera gratuita, todas las universidades afiliadas a CRUE, tanto públicas como privadas, se beneficiarán de este proyecto.

Dentro del proyecto DigCompEdu-Formación y Certificación la Universidad de Sevilla se encargará de la confección de material formativo y de certificación de algunas áreas del estándar DigCompEdu. De cara a la uniformidad de dichos materiales la Universidad de Sevilla contratará la locución, edición y maquetación de la parte formativa durante el año 2022.

Proyecto wifi 6

La actual infraestructura de la Red de Comunicaciones Inalámbricas de la US (ReInUS) está basada en la tecnología WiFi 5 (802.11ac) cuyo estándar fue publicado en el año 2013. Este proyecto tiene como objetivo modernizar la infraestructura de ReInUS adaptándola a nuevo protocolo WiFi 6 (802.11ax) cuyo estándar ha sido publicado en el 2019. La WiFi 6 permite mejorar sustancialmente la velocidad pasando a 9.6 Gpbs máximos (con wifi 5 son 6.9 Gbps); una mejor gestión de dispositivos que permite aumentar la cantidad de dispositivos conectados de manera simultánea; un aumento en la seguridad y una reducción del consumo energético de los dispositivos conectados a la red. Esto permitirá a la US contar con una infraestructura moderna que posibilita la utilización de tecnologías basada en Realidad Aumentada (RA) o en el Internet de las Cosas (IoT).

En este proyecto de contempla, en una primera fase, la realización de un estudio de cobertura y rendimiento en los lugares de mayor demanda como son bibliotecas, salas de estudio y zona de aulas de los centros. Una vez realizado este estudio se comenzará con el despliegue de la infraestructura WiFi6, con la sustitución de los puntos de acceso antiguos y/o la instalación de los nuevos puntos de acceso WiFi6.

Dada la cantidad de puntos de acceso que actualmente se encuentran desplegados por los centros de la US, unos 1800, y la dispersión geográfica de la US, este proyecto se extenderá durante varios años, culminado el despliegue total a finales de 2023.

Durante el año 2022 la US contratará la primera fase del proyecto que contemplará el estudio de cobertura y la instalación de los nuevos puntos WiFi6 en las zonas más saturadas.